por Francisco Mardones

Como en todo el mundo, las ciudades de nuestro país se siguen expandiendo. Algunas hacia arriba, pero otras, la mayoría, hacia los costados, hacia las afueras de los límites urbanos.

El desafío está en que estas ciudades no terminen convirtiéndose en espacios impersonales, sin identidad y sin respeto hacia las personas.Algunos están acostumbrados a un entorno rico en áreas verdes, prados y parques, mientras que otros, la mayoría, deben habituarse a grandes bloques de cemento con árboles que ni siquiera alcanzan a dar sombra.

No dejan de ser impactantes los resultados de un estudio encabezado por el académico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica, Iván Poduje, quien recorrió el país de Arica a Punta Arenas para descubrir cómo viven los chilenos en los guetos criollos, espacios habitacionales creados por el Estado, donde hay hacinamiento, pero no hay escuelas, hospitales ni seguridad.

Guetos en Chile

Según el estudio, en total, un millón 684 mil chilenos viven en viviendas sociales que conforman 700 barrios que se caracterizan por recibir una población superior a los 10 mil habitantes en terrenos pequeños, en los que todos sus moradores comparten el mismo nivel de pobreza y donde no tienen acceso a los servicios básicos antes mencionados.

Son dignos de mención en la región Metropolitana el sector de Puente Alto y La Pintana, que en unas pocas poblaciones (El Castillo o Bajos de Mena, por ejemplo), con una extensión territorial pequeña, se concentren más de 260 mil personas, el equivalente a la población total de Talca, capital regional del Maule.

Pero no solo en Santiago se dan estos fenómenos. Según el profesor Iván Poduje, llama la atención que en zonas inmensamente productivas en sentido económico, como Copiapó, Calama o Antofagasta se presenten situaciones similares como la de esta última ciudad, que en el sector de La Chimba Alto viven más de 60 mil personas.

De hecho, las ciudades con guetos más densamente poblados son Copiapó con un 32 por ciento de su población hacinada y Arica con un 27 por ciento; seguidas de Talca, La Serena-Coquimbo y Coyhaique.

La situación, según indica Poduje “es preocupante”, pues “en 15 ciudades las zonas gueto coinciden con los sectores calificados como peligrosos, según Carabineros. Estas ciudades no solo son equitativas, sino que genera problemas sociales mayores como violencia, deserción, desesperanza”.

El experto señala categórico que “si Chile no resuelve esta realidad, no puede aspirar a ser un país desarrollado”.

Otros problemas de la ciudad actual

Las ciudades hostiles en nuestro país no solo se caracterizan por este punto, pues en el Santiago urbano y otras ciudades, podemos ver cómo el espacio para las personas se ha ido reduciendo cada vez más, para privilegiar la comodidad de los automovilistas y el transporte público, lo que perjudica a peatones y ciclistas.

En este aspecto, es importante la experiencia bogotana al conformar un nuevo concepto de ciudad. El ex alcalde de Bogotá y ex candidato presidencial de Colombia, Antanas Mockus, de visita en Chile, participó en el Seminario “El derecho a una ciudad justa”, en el que comentó las claves del cambio de la capital colombiana.

Mockus partió de la premisa de que “las ciudades son como quieren ser” y en el caso de Bogotá fue la ciudadanía la que tenía el ánimo de protagonizar un cambio radical. Por eso, aceptó un alza en los impuestos, con el fin de financiar una serie de medidas que ayudaron a mejorar la seguridad, la eficiencia en la entrega de toda clase de servicios y el transporte, entre otras cosas.

Según Mockus, la labor principal fue impulsar un proceso de educación y concientización social entre las personas en el que se potenciaron cualidades como el altruismo, el respeto y la aceptación social, mediante campañas publicitarias y otras medidas que buscaron alertar a la ciudadanía respecto de la necesidad de un cambio.

“El derecho a la vivienda supera al de ciudad justa”

Desde el gobierno, el subsecretario de vivienda y Urbanismo, Andrés Iacobelli, reconoce que en estos momentos la prioridad de la cartera que encabeza la ministra Magdalena Matte es el sector vivienda más que el de urbanismo, y así también lo indica la demanda de la ciudadanía, pues “toda la presión de políticos, vecinos y alcaldes es por vivienda. El derecho de la vivienda le ha ganado por lejos al derecho a una ciudad justa”.

Según el personero de gobierno, los recursos del ministerio tampoco alcanzan para mejorar sustancialmente las políticas de gobierno en la materia, pues intervenir los barrios gueto costaría cerca de “10 mil millones de dólares, lo que equivale al presupuesto de varios años para la cartera”.

Aún así, Iacobelli reconoce: “Yo no estoy seguro si con toda esa inversión lo vamos a hacer demasiado bien. Tenemos algunas experiencias, pero son difíciles. Esa es la parte de la mochila que más cuesta asumir y tiene que ver con cómo como sociedad le damos valor a ese tema”.

Organizaciones imploran más participación

Desde las organizaciones ciudadanas, en tanto, la demanda es una sola: más participación. Pero participación de verdad.

Josefa Errázuriz, presidenta de la organización Ciudad Viva indica que actualmente afirma que hoy la participación ciudadana en cada proyecto de gobierno es una simple “puesta en escena”, pues consiste en revisar el proyecto terminado.

Para la dirigenta, lo ideal sería “ser parte desde el inicio de los proyectos. Creemos que tenemos el derecho y nos merecemos el respeto de las autoridades para que se nos escuchen”, con lo que sería posible impulsar conceptos como el respeto al espacio público para todos.

Según el diputado socialista Carlos Montes, miembro de las comisiones de Hacienda, Economía y Seguridad Ciudadana, es importante que el Estado abra recursos hacia esta necesidad actual urgente.

Además, postula que es necesario implementar un gobierno metropolitano que se haga cargo de este tipo de temas y que cuente con el financiamiento necesario para ello y desde esa base, comenzar a delinear los fundamentos de un nuevo concepto de ciudad más inclusiva, más igualitaria, más altruista, más justa y más digna.

Ivan Poduje

Luego del rechazo que le propinó el Core en junio, la Intendencia Metropolitana decidió relanzar su propuesta para modificar el Plan Regulador Metropolitano (PRMS). A fin de paliar las críticas que motivaron su rechazo, el intendente anunció que se mantendrán las exigencias de mitigación a los privados y que se garantizará la mantención de los parques. Así, de aprobarse este PRMS, Santiago aumentará su radio urbano en 9.800 hectáreas y duplicará su superficie de áreas verdes.Como indicamos en una columna anterior, esta aprobación no significará un colapso ambiental. El crecimiento poblacional será el mismo, sólo que con el PRMS se redistribuirá en comunas más próximas al centro metropolitano, evitando la migración forzada hacia territorios lejanos que hoy concentran las reservas de suelo, como Buin o Melipilla. Además, las exigencias de mitigación compensarán las externalidades que generarán los proyectos inmobiliarios y reducirán la plusvalía que otorgan los planes reguladores al cambiar el uso de suelo de rural a urbano.

Lo más positivo es el anuncio de mantener a costo fiscal las 2.583 hectáreas de áreas verdes, lo que implicará un desembolso anual de US$ 70 millones. Este asunto nunca quedó zanjado en la propuesta original, lo que generó aprensiones de grupos ciudadanos y entidades del propio Estado.

Hecho el compromiso, el gobierno debe precisar cómo y cuándo asignará estos recursos y qué institución estará a cargo de administrarlos. Lo único claro es que esta tarea sobrepasa las capacidades del Parque Metropolitano y de los municipios, quienes podrían recibir un salvavidas de plomo si las platas no quedan previstas en el presupuesto del próximo año. Además, debe precisarse la modalidad para hacer efectivas las exigencias de mitigación a los urbanizadores, a fin de asegurar que las vialidades o los equipamientos se materialicen en tiempo y forma.

Inclusive, resolviendo estos temas, el PRMS seguirá despertando pasiones. Para algunos, ampliar el radio urbano implicará un detrimento automático de la calidad de vida y la pérdida de suelos que podrían destinarse al cultivo de apios o betarragas. Para otros, las mitigaciones serán insuficientes para compensar la plusvalía y el PRMS dará pie a nuevas teorías conspirativas sobre la coalición de intereses entre autoridades y propietarios.

En mi opinión, este PRMS remozado es un avance, pero al mismo tiempo debiera marcar el fin de una era. No debemos olvidar que los planes reguladores fueron creados hace casi 100 años para resolver los conflictos derivados de la industrialización de las ciudades y la llegada de miles de inmigrantes que se desplazaban en trenes a vapor. Esta de más decir que los problemas urbanos contemporáneos son otros y los instrumentos que necesitamos para abordarlos también. Es hora de reemplazar el PRMS por un plan director que integre regulación, con transporte y vivienda social. Un plan que pueda definir las líneas de Metro en compatibilidad con las zonas de equipamiento o las autopistas y corredores de transporte público en concordancia con las zonas de expansión o densificación residencial. Todas las capitales de países desarrollados tienen instrumentos de este tipo y Santiago no puede ser la excepción.

por Alejandra Carmona

Los edificios en las distintas comunas de Santiago no solo han cambiado el panorama urbanístico, sino que también acusan una nueva realidad que hace ocho años, cuando se realizó el Censo de 2002, era impensada: que en vez de crecer hacia la periferia, la capital crecería hacia adentro.Esto, según un estudio de la oficina de Estudios y Proyectos Urbanos Atisba, que actualizó los datos de la población que habita en el Gran Santiago al 2010.

El análisis arroja que las comunas centrales de la capital, es decir, Independencia, San Miguel, Quinta Normal, Recoleta, Ñuñoa, Providencia y Santiago Centro, aumentaron su población en un 22,8% más de lo proyectado por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, desde los últimos dos censos con miras hacia 2010, según Atisba.

Proyecciones Comunas Centrales

Si el organismo público proyectó que este año la comuna de Santiago tendría 167.867 habitantes, la realidad es muy distinta. Según Atisba, hoy viven ahí 237.369. Es decir, 41,40% más. (ver cuadro)

La explosión de este fenómeno no es casual: “Básicamente, hay un cambio sociocultural y demográfico. El hogar está cambiando de conformación y formato. Se achica de tamaño y cambia la caracterización de la jefatura de los hogares. Hay más jefatura femenina y monoparental. El espacio pasa a ser menos importante que otros aspectos, como transporte, acceso a los servicios y comercio”, dice Lucile Richart, ingeniero de Atisba.

Según la estimación de la oficina, las 36 comunas del Gran Santiago crecieron en 255.744 viviendas entre 2002 y 2010. De este total, el 20,2% se localizó en la comuna de Santiago. Esta participación duplica la observada en Maipú y Puente Alto (10% y 12%, respectivamente).

La construcción acelerada de departamentos ha empujado la densificación de Santiago Centro, zona que revierte su despoblamiento con un crecimiento neto de 36.577 personas. En estos ocho años, casi 52.000 familias se trasladaron a vivir al núcleo de la ciudad.

Una de las razones que se visualiza para empujar tal crecimiento en el centro de la capital es el transporte. Genaro Cuadros, profesor de Arquitectura UDP, señala que es “uno de los efectos imprevistos, pero deseables, del Transantiago; debido a los mayores tiempos y costos de desplazamiento, las familias tienden a vivir en áreas céntricas y bien conectadas”.

Ivan Poduje

La reconstrucción retomó la agenda con una complejidad adicional a las que ya tenía, pues el éxitoso rescate de los mineros elevó peligrosamente las expectativas de solución, alimentadas desde el propio gobierno, que anunció que en cuatro meses la reconstrucción alcanzará un 50% de avance.Esta meta parece imposible, si consideramos que deben levantarse o repararse 220 mil viviendas, siete hospitales regionales, cientos de escuelas e inmuebles patrimoniales o los centros históricos de varias capitales regionales y provinciales.

Para tener una referencia, cuatro investigadores norteamericanos que analizaron 30 casos de desastres concluyeron que la reconstrucción demora 100 veces más que la emergencia. Si aplicamos esta regla en Chile, podemos estimar que el proceso tomará entre 10 y 12 años.

Además, nuestra historia nos muestra que los plazos para ejecutar planes urbanos siempre superan las estimaciones iniciales. Es el caso de las concesiones, que fueron formuladas a inicios de los 90 y que demoraron 20 años en ejecutarse, o del Transantiago, que comenzó a planificarse en 2000 y que con suerte estará normalizado 15 años después. Los plazos en décadas se repiten en la Ciudad Parque de Cerrillos, el borde costero de Antofagasta o el programa de recuperación de Valparaíso, todos con objetivos bastante menos complejos que la reconstrucción posterremoto.

El gobierno debiera tener en cuenta este escenario y sincerar los plazos, a fin de no generar expectativas irreales que se traduzcan en conflictos sociales. Además, debiera comunicar mejor los alcances del plan, publicando cronogramas de avance por comunas y no sólo a nivel nacional. También sería prudente reformular los “planes de reconstrucción sustentable” propuestos en algunas localidades y que ofrecen magníficos parques y puertos turísticos sin tener los estudios ni los recursos para implementarlos, mientras que en paralelo, algunos damnificados tienen problemas para habilitar sus baños químicos. Este contraste no es saludable. Se requieren planes más aterrizados, vinculados con la inversión y las necesidades de los afectados.

Por último, urge clarificar el modelo de gestión para coordinar a la veintena de organismos que participarán en la implementación del plan y que aumentarán la burocracia que hemos visto en estos primeros meses. Hasta ahora se ha delegado esta función en un “comité interministerial”, pese a que esta figura tuvo magros resultados en el Transantiago o el Plan Valparaíso. Además, el comité se aleja de la tradición que hemos seguido para enfrentar desastres naturales y que -como indica el arquitecto Ernesto López- se basa en la creación de leyes e instituciones que mejoran la capacidad de resistir un nuevo sismo y que, de paso, permiten abordar otros temas relevantes. Gracias a ello tenemos la Corfo, el DLF2 o la norma antisísmica que hizo que el daño del 27-F fuese mínimo en relación a su intensidad.

Es hora de pensar en otro paquete de reformas que, junto con acelerar la reconstrucción, resuelvan temas largamente postergados, como la descentralización o la modernización de los instrumentos de planificación territorial. Esta es la gran oportunidad que abre el desastre y aún estamos a tiempo para aprovecharla.