Ivan Poduje

El Gobierno está evaluando designar a un delegado presidencial que acelere la entrega de viviendas a los damnificados que viven en campamentos a fin de evitar nuevos estallidos sociales como los ocurridos en Dichato. Este anuncio se suma a un paquete de medidas para agilizar la entrega de subsidios, incluyendo opciones de autoconstrucción asistida o incentivos para repoblar los cascos históricos.

Se trata de buenas señales, ya que reconocen que la reconstrucción está en problemas y que deben tomarse medidas extraordinarias para apurar su marcha. Tal como tituló La Tercera el domingo, el avance en viviendas llega sólo a un 23%, lo que contradice los anuncios que se hicieron al conmemorar el primer año del 27/F, cuando se dijo que la mitad de la tarea estaba terminada. Y el asunto es mucho más complejo si se descuentan las reparaciones y se incluyen sólo las viviendas nuevas: el avance es apenas del 3%, lo que obliga a levantar 3.200 unidades mensuales para terminar en marzo de 2014.

¿Qué puede hacer un delegado presidencial en este complicado escenario? La verdad es que casi nada. Podría ser un facilitador que calme los ánimos en los campamentos y promueva acuerdos entre damnificados y autoridades, pero esta figura ya existe y no es lo que se requiere. Para aceitar la máquina de la reconstrucción, el delegado debe tener atribuciones para tomar decisiones que se implementen en poco tiempo, lo que en el Estado implica capacidad de mando. Un delegado no las tiene y sin ellas correrá la misma suerte del secretario ejecutivo del Comité Interministerial de la Reconstrucción, que fue presentado como el “Zar de la Reconstrucción”, pero que debió renunciar al darse cuenta que no tenía facultades para cumplir con su labor.

En los hechos, el único zar posible es el Presidente de la República o un ministro que se dedique exclusivamente al tema con un equipo potente en regiones, aunque ello implique delegar el grueso de sus tareas regulares en el subsecretario, como ocurrió en Transportes con el Transantiago. Pero esto no basta. Además deben aprobarse leyes para agilizar los trámites de expropiación, modificación de planes reguladores y obtención de permisos de construcción, que siguen siendo engorrosos en comunas afectadas por el 27/F. Por último, debiera analizarse la idea de ejecutar compras masivas de viviendas prefabricadas de buena calidad para ubicarlas en sitios aislados, que es el principal cuello de botella para avanzar rápido.

Con estos cambios, la reparación y reposición de viviendas podría terminarse en los 32 meses que restan de gobierno. Sin embargo, esto no quiere decir que la reconstrucción habrá finalizado. Sólo se habrá solucionado el 28% del daño, quedando pendientes los nuevos hospitales, la recuperación de centros históricos y bordes costeros o las grandes obras de infraestructura prometidas para Concepción, Talcahuano o Constitución. Es en estos desafíos, y no en la vivienda solamente, donde Japón o Estados Unidos se han demorado cerca de 10 años. Lamentablemente, Chile no será la excepción, y no podría serlo con una economía 20 veces más pequeña y sin instituciones especializadas en el tema como las que tienen estos países desarrollados.

por Manuel Valencia

A 512 días del terremoto y tsunami del año pasado, que devastaron 220 mil viviendas entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía, la reconstrucción sigue siendo una tarea de largo aliento para el gobierno.

En este tiempo, la cartera de Vivienda ha visto pasar a dos ministros, ha enfrentado una interpelación, protestas con banderas negras en Constitución y enfrentamientos entre damnificados y carabineros en Dichato.En los 16 meses transcurridos desde el terremoto, también se han entregado 158 mil subsidios, que se han traducido en 47 mil casas reparadas y en 3.000 nuevas, según datos oficiales entregados a La Tercera por el Ministerio de Vivienda.

Estas cifras implican un avance de 23% en el proceso (se deben hacer y reparar 220 mil casas), cuando el gobierno ha completado un tercio de su período y de la meta fijada por el Presidente Sebastián Piñera, que busca culminar el proceso durante su mandato.

Para el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, el porcentaje de avance responde a los diversos pasos que requiere el plan: “Son procesos difíciles, para construir un conjunto habitacional hay que ubicar el terreno, hacer los proyectos, mecánica de suelos, proyectos de arquitectura, ingeniería, especialidades, visitar la construcción. No es instantáneo”.

Agrega que en adelante se cambiará la estrategia comunicacional para abordar el tema. “Hemos puesto mucho énfasis en la entrega del subsidio, pero lo que queremos ahora es poner todo el esfuerzo, toda la carne a la parrilla en los inicios y términos de obras”.

Para el presidente de la Comisión de Vivienda de la Asociación de Municipalidades, David Morales, hay un problema que radica en los instrumentos con los que se abordó la reconstrucción.

“Hemos dicho casi hasta el cansancio que en cualquier país del mundo, cuando ocurre una tragedia como la del 27/F, se dictan normas especiales para flexibilizar la postulación y normas de financiamiento. Ninguna se ha hecho en Chile y eso genera el origen de los problemas. La burocracia es tan alta, aunque hay subsidios entregados, no se pueden ejecutar, como pasa en el campamento El Molino, de Dichato. Hemos pedido que se flexibilice la normativa y eso no se ha hecho. Tampoco se ha implementado una agencia para la reconstrucción”, afirma Morales.

Próximo gobierno

El urbanista Iván Poduje coincide: “Ante situaciones excepcionales, no pueden utilizarse los subsidios regulares que tienen una dinámica de tramitación lenta y compleja. Esto empeora cuando un porcentaje de las obras se destinan a viviendas aisladas. Todos los países con experiencia en desastres, tienen leyes y organismos especializadas en procesos de reconstrucción. En Chile, no hay nada parecido: el Estado opera de forma centralizada y sectorial, lo que es muy ineficiente cuando el daño está disperso en 300 comunas. Este sólo factor explica gran parte del atraso”.

Y adelanta que en marzo de 2014 quedarán desafíos pendientes: “Pese a ser la demanda más urgente, la vivienda representa el 28% del daño generado por el 27/F. El 72% restante no estará terminado en 30 meses y será un problema que deberá abordar el próximo gobierno. Para tener continuidad, se requieren instituciones especializadas que debieran estar diseñándose ahora”.

Ivan Poduje

¿Se ha fijado que cada cierto tiempo se anuncian grandes proyectos y que luego de años los titulares se repiten, pero las obras no se concretan? “Taparán la norte sur con un parque” ya es un clásico, al igual que “remodelarán el Estadio Nacional” o “se viene nuevo plan de autopistas”. Lo mismo ocurre en regiones con la recuperación de los ascensores en Valparaíso, la isla Cautín de Temuco o los parques fluviales de Osorno y Calama, todos con varios anuncios a su haber.Es verdad que estas iniciativas tardan años en ver la luz, debido a sus altos costos y su complejidad constructiva. También es cierto que por su tamaño generan conflictos que obligan a negociar con vecinos cada vez más empoderados. Sin embargo, su desarrollo es doblemente complicado en Chile, debido a la corta duración del período presidencial, ya que las autoridades cambian cada 48 meses y suelen cuestionar por defecto los proyectos de gobiernos anteriores, lo que muchas veces obliga a partir de cero.

A ello se suma la creciente burocracia para coordinar a los organismos públicos que deben dar su visto bueno para iniciar estas obras. Un cuello de botella es Mideplan, que teóricamente está abocado a erradicar la extrema pobreza, pero que además calcula la rentabilidad social de todas las inversiones públicas con metodologías lentas y anticuadas que tienen paralizados varios proyectos, incluyendo iniciativas emblemáticas de la reconstrucción.

Como hemos señalado en tantas columnas, para resolver estos problemas los gobiernos deben cambiar leyes y modernizar instituciones. Sin embargo, este camino es lento, así que optan por figuras sin peso legal como los “planes integrales”, una entelequia donde empresas, ministerios y municipios caminan de la mano, plenamente coordinados a partir de su buena voluntad, lo que sólo ocurre en la cabeza de sus autores. Al final, estos inventos rebotan contra la realidad o contra la Contraloría General de la República, que le recuerda al Estado que no puede ponerse creativo si ello implica saltarse su ámbito de competencias. El resultado: más atrasos e ideas que se acumulan en los cajones.

Nuestras ciudades necesitan pensarse en el mediano plazo, ya que deben resolver demandas crecientes de transporte, calidad de vida e integración social. Para ello se requieren obras que por su tamaño y complejidad trascienden gobiernos de cuatro años. Un modelo a seguir es el Metro, que cuenta con atribuciones para materializar sus proyectos con relativa independencia de los vaivenes políticos, y sin requerir del consenso infinito de decenas de organismos públicos a los cuales suele saltarse para beneficio de todos nosotros.

Hay una anécdota que resume muy bien el potencial de este modelo. Luego de la última elección presidencial, una experta del grupo Tantauco cuestionó duramente la Línea 6 que venía de la administración Bachelet sin información suficiente, indicando que no era rentable socialmente. Hace unos días, el Presidente Piñera anunció el nuevo plan de extensión del Metro y la Línea 6 estaba presente en gloria y majestad, lo que constituye una señal de continuidad que debe destacarse. Ojalá pudiésemos ver estos mismos titulares en tantos proyectos postergados.

por Consuelo Argandoña

Un plan global que incluye el mejoramiento en seguridad vial de las autopistas concesionadas, además del reemplazo de puentes y la construcción de obras como el nuevo puente sobre el río Maipo y el traslado del peaje de Angostura, es el que planea el Ministerio de Obras Públicas para modernizar las concesiones y construir obras complementarias.Se tratará de inversiones por cerca de US$ 2 mil millones (43 millones de UF), que se repartirán, en los próximos tres a cuatro años, en 18 concesiones. De ellas, 16 serán interurbanas y dos, urbanas. Así lo explicó el coordinador de concesiones del MOP, Jaime Retamal, quien expuso ayer el Plan de Mejoramiento de Obras Concesionadas a una asamblea extraordinaria de la Asociación de Concesionarios (Copsa).

Este plan contiene el programa de seguridad normativa que permitirá reactualizar concesiones como la Autopista del Sol (Santiago-San Antonio), una de las más antiguas del sistema. También habrá obras de servicios, como nuevas pasarelas, enlaces y paraderos.

Otro punto que considera es el programa de reemplazo de 16 puentes en los distintos contratos concesionados. “Son obras asociadas a mejorar, a dar mayor seguridad, mejorar la servicialidad, construir enlaces, pasarelas. Actualizar la Ruta 5 y, en general, actualizar las concesionarias que están hoy atrasadas. El país creció, avanzó y hay una expectativa”, explicó el coordinador de concesiones, Jaime Retamal.

Según la autoridad, la prioridad para este año son las obras del programa Santiago Centro-Oriente (remodelación de la rotonda Pérez Zujovic y extensión de Costanera Norte) y la salida del norte de Santiago (conversión a tramo urbano de tramo Santiago-Lampa), en la concesión hasta Los Vilos.

Respecto a nuevos proyectos, se expuso que se espera licitar a fin de año la Autopista Vespucio Oriente, el nuevo hospital concesionado de Antofagasta, la ruta La Serena-Ovalle (D-43) y la ruta de El Loa. Los concesionarios valoraron el plan, pero mostraron su escepticismo respecto a la concreción de obras de estos proyectos.

“Son obras importantes para mejorar el estándar de las concesiones y van a permitir a las concesionarias brindar un mejor servicio para reencantar a los usuarios, pero hay bastante preocupación entre las empresas respecto a la capacidad de ejecutar este plan”, dijo Clemente Pérez, presidente de los concesionarios.

Esto, según Pérez, porque en su gran mayoría son obras que ya han sido anunciadas, pero no se han podido materializar y “asimismo ocurre con muchas de las licitaciones que forman parte del programa de concesiones que anunció el gobierno en julio del año pasado y que todavía no se han podido materializar”.

Para el ejecutivo, las dudas surgen porque “no se han licitado los proyectos que estaban planificados para el 2010 (…). Hay dudas respecto siquiera si estos 18 contratados puedan llegar a firmarse en un año”. No obstante, Pérez adelantó la buena disposición y que se esperan planteamientos específicos para avanzar.

Respecto a las críticas, Retamal dijo que “tal como lo plantee en la asamblea, tengo claro que habrá concesionarios que se van a entusiasmar con la idea y otros que van a ser escépticos. Nuestra tarea es demostrarles a los usuarios, más que a los concesionarios, que juntos vamos a ser capaces de cumplir con esas expectativas”.

Suspenden alza de tarifas en autopista

El MOP decidió suspender el alza de la tarifa que haría efectiva la autopista del Itata (acceso norte a la VIII Región), tras conversaciones con la concesionaria para frenar la incorporación del horario punta dentro de los cobros de peaje de la carretera. Esto era una facultad que tenía la concesionaria dentro de su contrato, que data de 1995, pero que aún no había hecho efectiva. El alza implicaba un aumento de un 50% en la tarifa para automóviles y de un 100% para buses y camiones en horas puntas y era aplicable para fines de semana largos y temporada alta. La concesionaria haría efectivo a partir del segundo semestre. “Sostuvimos conversaciones para buscar un acuerdo para aminorar el efecto de esta alza y ellos manifestaron su disposición a suspender la aplicación de esta tarifa hasta que encontremos una solución definitiva y que vele por el interés del usuario, pero dentro de las limitaciones que el contrato nos entrega y que fue firmado en esa fecha”, explicó el ministro de Obras Públicas, Hernán de Solminihac.

Coincido con Pablo Allard en la necesidad de evaluar el avance de la reconstrucción a partir de la experiencia comparada. Como él indica, países como Japón o EE.UU. han fijado plazos de 10 años con organismos especializados en la reconstrucción de desastres naturales. En Chile carecemos de estas instituciones y tenemos menos recursos. Por ello sorprende que se planteen metas de cuatro años a partir de la ambición de las autoridades, que puede ser contraproducente si crea expectativas que no podrán cumplirse.Por otro lado, es incorrecto afirmar que la planificación se está cerrando por haber terminado 130 planes maestros, que siendo muy positivos, no existen en la legislación chilena y no son vinculantes con la inversión ni con los cambios normativos que requieren para ser implementados. Por ello, nada garantiza que su cartera de proyectos se concrete. Antes, deben conseguir financiamiento, licitar ingenierías, modificar planos reguladores, negociar con damnificados y aprobar obras ante organismos públicos y municipios.

Estas complicaciones ya han generado trabas burocráticas, que permiten inferir que la reconstrucción no estará terminada en 30 meses más. Con suerte podríamos aspirar a los plazos de los países desarrollados siempre que como ellos, tengamos leyes e instituciones especializadas en la reconstrucción, que aún no existen y que urge sacar adelante.

Iván Poduje Capdeville