La desconocida presentación que les puso plazos a las obras que mitigarían el impacto generado por el desarrollo inmobiliario en el exclusivo barrio financiero de Santiago. Los avances y responsables de las obras que pretenden mitigar el impacto urbano en la confluencia de las comunas de Providencia, Vitacura y Las Condes.

Por Alfonso Peró V. y Magdalena Robles

Fuente: El Mercurio

En junio de 2007, una presentación que detallaba los proyectos de infraestructura necesarios para el sector oriente de Santiago empezó a circular por las oficinas de los municipios, ministerios y empresas involucradas en el desarrollo urbano de “Sanhattan”. En ella se mostraban las obras necesarias para que el sector donde confluyen las comunas de Providencia, Vitacura y Las Condes no colapsara por el desarrollo urbano del sector encabezado por Titanium y Costanera Center. La presentación la realizó un equipo encabezado por el ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitran, y los arquitectos Iván Poduje y Marcial Echenique.El documento detallaba las obras y plazos que debían ser ejecutados para mitigar el impacto que la construcción del Costanera Center y los proyectos de la Inmobiliaria Titanium generarían en el sector. Por ejemplo, la primera etapa de la Costanera Sur se llevaría a cabo entre marzo de 2008 y febrero de 2009. La segunda entre febrero y noviembre de ese mismo año. Hoy, el tramo que le corresponde a la Inmobiliaria Titanium -2,9 de 13 kilómetros- tiene un avance de un 40%. El resto, que depende del Estado y municipios, ni siquiera ha iniciado sus obras. Otro ejemplo: “la construcción y diseño de la Rotonda Pérez Zujovic y Puente Vitacura se ejecutaría entre febrero de 2008 y mayo de 2009″.

Sin embargo, todo eso es una ilusión y hoy los avances de estas obras son mínimos, el flujo de vehículos y peatones va en alza, el mall del Costanera Center se inaugura en abril y se avecina lo que los especialistas en transporte han denominado como un “colapso total”.

Otro factor clave es el orden que se estableció para ejecutar las medidas. “Cuando presentamos las obras que debían hacerse, pusimos énfasis en que ésta era un área muy complicada y que era urgente ejecutarlas. Le pusimos prioridad al tema de la rotonda Pérez Zujovic, a la Costanera Sur y al túnel de Andrés Bello. Y lo único que se ha hecho hasta ahora es el puente que empalma con Avda. El Cerro, que era como el cuarto o quinto en la lista de prioridades”, cuenta el arquitecto Iván Poduje. Y agrega que “me acuerdo de haber estado con Eduardo Bitran, que era un ministro de Estado, que resuelve cosas políticas, en un pizarrón rayando los nudos. Entonces, no me cabe duda de que el Presidente Piñera debe estar viendo este tema. Y si no lo ha hecho, probablemente lo haga, porque esto es realmente insólito”.

Uno de los problemas que los expertos y ex autoridades mencionan a la hora de buscar responsabilidades, es justamente que no hay un responsable, sino que un conjunto. La institucionalidad es compleja. Bitran advierte que el “MOP ni siquiera tiene facultades para intervenir en vialidad urbana, le corresponde o al Minvu o a las municipalidades, y por lo tanto, todo este plan, que efectivamente desde el punto de vista de las simulaciones mejoraba significativamente la situación que se iba a producir, tenía una enorme dificultad, que era cómo financiarlo. Y, además, con una institucionalidad que no favorecía la posición negociadora del Estado; porque por una parte, había que conseguir financiamiento de Titanium, que ya tenía aprobado su EISTU. Sin duda, el poder negociador no estaba del lado del Ministerio de Obras Públicas.

Lo que se estableció en el EISTU

Foto: Macarena Pérez

Un segundo documento también establece determinadas condiciones que eran requisito para el 2010. Se trata del estudio de impacto sobre el sistema de transporte urbano (EISTU) del proyecto Costanera Center y que fue aprobado por una ventanilla única que alberga a profesionales de distintas reparticiones públicas con competencias en los temas de transporte y desarrollo urbano. En este caso, estuvo compuesto por la Municipalidad de Providencia; los ministerios de Obras Públicas, de Vivienda, de Transporte y sus organismo técnicos como la Unidad Operativa de Control de Tránsito y la Secretaría de Planificación de Transporte, entre otros.

Todas estas entidades aprobaron en 2008 el EISTU, proponiendo distintas medidas mitigantes.

En éste, se establece como “situación base 2010″ siete proyectos de infraestructura. Entre ellos, el túnel El Salto-Kennedy, la eliminación de la rotonda Pérez Zujovic, la puesta en marcha de Costanera Sur y algunos “proyectos de cambio operativos y de gestión de tránsito”, como por ejemplo, la reversibilidad de Andrés Bello o de avda. Presidente Riesco, las que actualmente funcionan así.

Hasta ahora, lo único claro es que la congestión en Sanhattan aumentará y que “de encontrarse una solución, ésta llegaría, en el mejor de los casos, en 2015. Ésa es, al menos, la predicción de los expertos.

La primera etapa de la Costanera Sur se llevaría a cabo entre marzo de 2008 y febrero de 2009. La construcción y diseño de la Rotonda Pérez Zujovic y Puente Vitacura se ejecutaría entre febrero de 2008 y mayo de 2009. Nada de eso se cumplió.

Por Iván Poduje | Arquitecto, socio de la oficina de urbanismo Atisba

Hace pocos días el presidente Piñera anunció un ambicioso proyecto de renovación para el barrio cívico de Santiago, que formará parte de su legado urbano junto al Mapocho navegable, el parque de la Ciudadanía del Estadio Nacional, la nueva Quinta Normal y otros proyectos regionales. Escuchando su apasionado discurso no pude evitar sentir un déjà vu, al constatar que estas mismas ideas, con nombres y formas distintas, ya habían sido anunciadas por gobiernos pasados.Recuerdo muy bien el caso del barrio cívico. El proyecto fue lanzado en 2000, se llamaba “Plan Maestro de Edificación Pública” y contemplaba obras muy parecidas: una explanada frente a La Moneda, el mejoramiento del paseo Bulnes, realce de la caja cívica y nuevos edificios públicos en los mismos sitios eriazos. Qué decir de la idea de construir un parque público en los terrenos del Estadio Nacional, tan antigua como el propio coliseo y que suma dos propuestas conocidas, además de una iniciativa para desarrollar proyectos inmobiliarios que nunca prosperó.

El Mapocho navegable podría haber sido la excepción, pero ya no es el proyecto que conocimos por los diarios. Ahora se trata de un parque puntual, ubicado al costado del río en un terreno correspondiente a la cuarta etapa del “Parque de los Reyes”, que al igual que la iniciativa actual, incluía un balneario fluvial diseñado por la Universidad Central en 2003. Por último, el plan de mejoramiento de la Quinta Normal surgió en el gobierno pasado, cuando las autoridades se percataron del penoso estado en que se encontraba este pulmón verde, encargaron un plan maestro y gestionaron los recursos para construir la primera etapa que fue inaugurada ayer.

Que estas ideas sean conocidas no le resta mérito al gobierno que decidió lanzar su construcción, aunque sí entrega algunas luces para tomar en cuenta. La primera es que si nos atenemos a la historia, es altamente probable que una fracción del legado del presidente Piñera no vea la luz en los 24 meses que restan de su gobierno. Esto obliga a priorizar y a ser más cauto con las fechas prometidas para inauguraciones, aterrizando las expectativas que han generado algunos funcionarios que, sin prudencia ni modestia, ya comparan estas ideas con obras como el parque Forestal o el cerro Santa Lucía.

Tampoco es recomendable que estos proyectos salten de un gobierno a otro, porque en el camino se mueren ideas buenas o quedan en una suerte de limbo del “anuncio permanente”, ante la imposibilidad de ser diseñadas, evaluadas y construidas en sólo cuatro años. Otras salvan este escollo ejecutándose por etapas gracias al empuje del propio presidente, pero en este caso corren el riesgo de quedar inconclusas cuando cambia el gobierno, como ocurrió con la Ciudad de Cerrillos, el parque André Jarlan o la misma remodelación de la Quinta Normal, que tiene dos etapas pendientes todavía.

En este escenario, el verdadero legado que podría dejar un presidente es un nuevo marco legal e institucional que permita levantar estos proyectos con relativa independencia de los gobiernos de turno y con mecanismos modernos de gestión y participación ciudadana. Proyectos que no requieran negociar y aprobar sus presupuestos cada año como ocurre hoy, ni que pierdan meses obteniendo visaciones de la Contraloría o acuerdos con decenas de organismos públicos. Y que no dependan de asesores contratados a honorarios, sino que de funcionarios de planta, con equipos estables como ocurre con el Metro, que debiera ser el ejemplo a tomar.

Este legado es mucho más necesario y urgente, pero es árido e inmaterial y no tiene cintas para cortar ni primeras piedras que poner. Por ello es probable que en un futuro gobierno veamos nuevos proyectos que se van acumulando para ser anunciados en décadas venideras. Déjà vu.

Ivan Poduje

Los conjuntos habitacionales financiados por el Estado presentan síntomas preocupantes de deterioro en las principales ciudades del país. El problema principal se produce en los condominios sociales o “bloques” que históricamente fueron usados para construir una gran cantidad de viviendas en terrenos reducidos. Hoy, esta densidad se ha transformado en hacinamiento y los bloques no tienen mayores diferencias con una cárcel: sus perímetros están enrejados, sus departamentos ínfimos casi no tienen luz natural ni ventilación y sus espacios comunes están abandonados o tomados por vecinos para ampliar sus viviendas de forma irregular y peligrosa.

Incluso, en proyectos públicos más antiguos, que fueron modelos de desarrollo urbano y social, se observan problemas de obsolescencia y deterioro. Basta recorrer las villas Portales u Olímpica para constatar la falta de mantención de sus estructuras, antejardines o techumbres, o el penoso estado en que se encuentran algunas fachadas. Y también se repite el problema de apropiación o abandono de los espacios comunes que en estos conjuntos incluye esas pasarelas elevadas que fueron un símbolo de modernidad y que hoy están clausuradas para evitar asaltos y vandalismo. Este problema afecta a 450 mil hogares, lo que triplica el déficit de viviendas nuevas que consume la mayoría de los recursos y los cortes de cintas. En algunos casos será posible reparar los condominios sociales aplicando los subsidios de UF 50 creados por el Ministerio de la Vivienda (Minvu) o los programas piloto para remodelar bloques y localizar dos familias donde antes vivían tres. Pero para un número importante de viviendas, este millón y medio de pesos no hará ninguna diferencia, ya que los edificios están demasiado dañados, son imposibles de ampliar o se emplazan en barrios tan inseguros donde sencillamente no se puede vivir.

En estos casos, la única solución es que las familias se muevan a viviendas mejores, lo que hoy es virtualmente imposible, debido al bajo valor de sus departamentos. Por ello, debe crearse un subsidio que cubra la diferencia entre el precio de venta del condominio social y las viviendas de mayor calidad, con todos los controles para evitar que se produzcan mercados irregulares de arriendo. Otra opción es que el Estado compre directamente los edificios más deteriorados, a un precio que permita la movilidad habitacional de sus propietarios. Luego licite su reparación cuando sea posible o, en caso contrario, los demuela y destine estos terrenos a parques, equipamientos o viviendas mejor diseñadas.

Hemos visto que las autoridades están conscientes del problema y han creado herramientas y programas para resolverlo. Sin embargo, estos esfuerzos no tienen un correlato con los recursos, ya que el Minvu sigue destinando un 76% de su presupuesto para subsidiar la compra de viviendas nuevas y sólo un 8% para reparar aquellas existentes, pese a que este déficit cualitativo es tres veces mayor. De no cambiar estas cifras, el hacinamiento será un tema crítico en pocos años más. Inmovilizará cientos de hectáreas y miles de familias se verán obligadas a permanecer en viviendas que perpetuarán su pobreza, bloqueando el acceso a los beneficios del crecimiento económico de Chile.