El origen del problema es la discrecionalidad con que se diseñan y modifican los planes reguladores comunales, así como los precarios mecanismos que existen para informar de estos trámites a la gente. El masivo rechazo al centro comercial de Martín de Zamora, en la comuna santiaguina de Las Condes, no […]
El origen del problema es la discrecionalidad con que se diseñan y modifican los planes reguladores comunales, así como los precarios mecanismos que existen para informar de estos trámites a la gente.
Ivan Poduje
El masivo rechazo al centro comercial de Martín de Zamora, en la comuna santiaguina de Las Condes, no debiera sorprendernos. Es un ejemplo más del fenómeno de «empoderamiento ciudadano» que vimos antes en el plebiscito de Vitacura y que se ha extendido aceleradamente en Santiago y regiones, paralizando planes reguladores, autopistas o grandes proyectos inmobiliarios. La experiencia internacional deja muy claro que estos conflictos seguirán aumentando a medida que Chile alcance el desarrollo, poniendo en jaque nuestra obsoleta planificación urbana.
El origen del problema es la discrecionalidad con que se diseñan y modifican los planes reguladores comunales, así como los precarios mecanismos que existen para informar de estos trámites a la ciudadanía. En los hechos, ni siquiera los técnicos podemos interpretar bien sus normativas, tanto porque son cada vez más ambiguas como porque existen numerosos resquicios para saltárselas. Esta incertidumbre choca con la aspiración de cualquier familia de proteger el valor de su vivienda en el tiempo, lo que cruza barreras ideológicas y socioeconómicas: se observa en hogares de izquierda y derecha, en barrios populares o condominios exclusivos.
En este contexto, el caso de Martín de Zamora presenta varias ventajas. La primera es transparentar los criterios que motivan un cambio normativo, abriendo un debate público sobre sus implicancias urbanas y ambientales. En segundo lugar, crea incentivos para que las empresas mejoren sus proyectos para conseguir un voto favorable, lo que explica la idea de cubrir los techos del centro comercial con áreas verdes o de reducir su constructibilidad para aumentar los espacios públicos.
Pese a ello, la consulta ciudadana tiene falencias que complican su aplicación como política pública. La más importante es que finalmente depende de la voluntad del alcalde, ya que sus resultados no son vinculantes por ley. De hecho, es posible que un nuevo alcalde desconozca los resultados y decida iniciar el trámite de modificación nuevamente. En segundo lugar, si este método se masifica, frenará el desarrollo de equipamientos o infraestructuras que son necesarias para la ciudad, pero que nadie quiere tener cerca, ya que su votación dependerá de los actores directamente afectados. Por último, las consultas y los plebiscitos tienen un alto costo, lo que restringe su uso a muy pocos municipios de Chile.
La solución de fondo es cambiar la Ley General de Urbanismo y Construcciones, modernizando la figura del plan regulador comunal y eliminando los resquicios que permiten saltarse las reglas del juego, como el mal llamado «conjunto armónico». Siguiendo esta línea, en una investigación realizada para la Dirección de Asuntos Públicos de la UC -con Manuel Tironi, Gloria Yáñez y Nicolás Somma- propusimos que los planos reguladores tengan una duración mínima de cuatro años y que sus cambios o actualizaciones sean votados en la elección municipal de alcaldes y concejales. Esto enriquecería el debate político, pues obligaría a los candidatos a tomar posición sobre el tipo de ciudad que quieren construir antes de ser elegidos.
Pero los cambios no deben limitarse solamente a los planes reguladores. De hecho, la mitad de los conflictos ciudadanos se explica por proyectos de infraestructura pública que fueron diseñados pensando en los usuarios y no en los vecinos que deben convivir con las obras. En este caso, la resolución pasa por actualizar las metodologías de evaluación social de proyectos que, siendo muy necesarias, están tan obsoletas como los planes reguladores.