Gobierno evalúa acelerar permisos de edificación y facilitar planes de mitigación vial

En el Ejecutivo explicaron que algunas modificaciones podrían implicar un proyecto de ley y otras, normas de tipo reglamentario.

por Pamela Jimeno

Casi cuatro décadas tiene la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC) y el Congreso nunca la ha modificado. Todos los cambios se han hecho vía decreto, reglamentos o resoluciones, varios objetados por Contraloría. Por ello, la norma genera burocracia, plazos excesivos, interpretaciones equívocas y costos discrecionales que encarecen los proyectos de edificación. Pero eso podría cambiar. El Ministerio de Economía afina una reforma para facilitar la entrega de permisos de edificación y la tramitación de planes de mitigación vial.En el gobierno explicaron que, en el primer caso, se busca acabar con las anomalías asociadas a la solicitud, trámite y obtención de permisos de edificación, los que decide la Dirección de Obras Municipal (DOM). El problema es que la ley establece que el silencio de esa instancia frente a una solicitud se entiende como rechazo. Esto amplía hasta seis veces los plazos, desde el mínimo legal de 80 días a 478 días promedio.

En el segundo tema, el gobierno apunta a reducir los mayores costos de mitigación vial que se aplican al denominado «último urbanizador», es decir, el gestor de un proyecto nuevo, donde ya hubo otro. La actual norma eleva dichos costos y en muchos casos eso entrampa la renovación de obras y el mejor aprovechamiento de terrenos que, por ejemplo, si bien están urbanizados con fines habitacionales o comerciales, carecen de suficientes estacionamientos.

En Economía afirmaron que la idea es impulsar un proyecto de ley con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) este año.

Estudio de Iván Poduje

Los cambios que analiza el Ejecutivo surgieron de un estudio que en 2010 Economía encargó al arquitecto Iván Poduje para analizar la ley y proponer mejoras. En febrero, la consultora de Poduje, Atisba Estudios & Proyectos Urbanos, entregó su informe.

El diagnóstico se hizo para dos tipos de proyectos: obras nuevas, mayores a 100 m2 en sitios urbanizados y bodegas de tamaño medio (iniciativas que más se desarrollan en el país), y obras nuevas que requieren Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (Eistu), debido a que por su gran tamaño influirían en el transporte del sector donde se construirían.

En el primer caso, la conclusión es que la facultad de la DOM de rechazar permisos al sólo abstenerse es la mayor traba. Esto, porque si bien el solicitante puede reclamar a la Seremi del Minvu para que pida un pronunciamiento a la DOM, no puede forzarla a responder. «Al final, la Seremi dirime si otorgar o no el permiso. En este sistema de ‘idas y vueltas’, los tiempos se multiplican hasta seis veces», dicen en el gobierno.

En el segundo caso, ya que la ley dispone que los planes de mitigación vial se deben aplicar caso a caso y sobre proyectos marginales, se llega a exigencias muy disímiles, lo que perjudica al último urbanizador, al exigírsele mayores mitigaciones comparado con proyectos anteriores con cargas similares sobre el transporte. «La actual regulación incentiva a fraccionar proyectos bajo los umbrales (de estacionamientos) establecidos, distorsionando el sistema y elevando los costos de quienes cumplen la norma», agregan.

Regulación obsoleta

En 2010, la construcción aportó casi 8% al PIB chileno. Sin embargo, el sector «tiene una regulación antigua y obsoleta», plantea el informe.

En 2006 y 2007, el gobierno de la época presentó dos proyectos para modificar la ley del sector. Ninguno se aprobó. «El camino ideal es resolver los problemas mediante cambios en la ordenanza de la LGUC (su reglamento) o en las ordenanzas específicas de los planes reguladores», cita Atisba.

Pero también señala que el director de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu, Javier Wood, advirtió el riesgo de ello, pues los dictámenes de la Contraloría recomiendan no seguir modificando por reglamento la ley. «Pese a ello, la DDU ha indicado informalmente que le parece adecuado el camino propuesto y que estaría dispuesta a iniciar la discusión con la Contraloría y el resto de los servicios», afirma Atisba.

Claves de la normativa

• Facultad de Dirección de Obras Municipal:

Se busca acabar con las anomalías asociadas al trámite y obtención de permisos de edificación que decide la Dirección de Obras Municipal, DOM. Esta con sólo no responder da por rechazado un permiso.

• Tiempos aumentan hasta seis veces:

Frente a la negativa de la DOM, el solicitante puede acudir al Serviu, aunque la DOM igual puede no volver a responder. Pero el trámite amplía los plazos desde el mínimo legal de 80 días a 478 días promedio.

• Mayor costo en planes de mitigación vial:

Los planes de mitigación vial se aplican caso a caso. Eso perjudica al último urbanizador, al exigírsele mitigaciones mayores respecto de proyectos anteriores con cargas similares sobre el transporte.