Luego del rechazo que le propinó el Core en junio, la Intendencia Metropolitana decidió relanzar su propuesta para modificar el Plan Regulador Metropolitano (PRMS). A fin de paliar las críticas que motivaron su rechazo, el intendente anunció que se mantendrán las exigencias de mitigación a los privados y que se garantizará […]
Ivan Poduje
Luego del rechazo que le propinó el Core en junio, la Intendencia Metropolitana decidió relanzar su propuesta para modificar el Plan Regulador Metropolitano (PRMS). A fin de paliar las críticas que motivaron su rechazo, el intendente anunció que se mantendrán las exigencias de mitigación a los privados y que se garantizará la mantención de los parques. Así, de aprobarse este PRMS, Santiago aumentará su radio urbano en 9.800 hectáreas y duplicará su superficie de áreas verdes.Por Iván Poduje. Arquitecto, Magister en Desarrollo Urbano UC.
Luego del rechazo que le propinó el Core en junio, la Intendencia Metropolitana decidió relanzar su propuesta para modificar el Plan Regulador Metropolitano (PRMS). A fin de paliar las críticas que motivaron su rechazo, el intendente anunció que se mantendrán las exigencias de mitigación a los privados y que se garantizará la mantención de los parques. Así, de aprobarse este PRMS, Santiago aumentará su radio urbano en 9.800 hectáreas y duplicará su superficie de áreas verdes.
Como indicamos en una columna anterior, esta aprobación no significará un colapso ambiental. El crecimiento poblacional será el mismo, sólo que con el PRMS se redistribuirá en comunas más próximas al centro metropolitano, evitando la migración forzada hacia territorios lejanos que hoy concentran las reservas de suelo, como Buin o Melipilla. Además, las exigencias de mitigación compensarán las externalidades que generarán los proyectos inmobiliarios y reducirán la plusvalía que otorgan los planes reguladores al cambiar el uso de suelo de rural a urbano.
Lo más positivo es el anuncio de mantener a costo fiscal las 2.583 hectáreas de áreas verdes, lo que implicará un desembolso anual de US$ 70 millones. Este asunto nunca quedó zanjado en la propuesta original, lo que generó aprensiones de grupos ciudadanos y entidades del propio Estado.
Hecho el compromiso, el gobierno debe precisar cómo y cuándo asignará estos recursos y qué institución estará a cargo de administrarlos. Lo único claro es que esta tarea sobrepasa las capacidades del Parque Metropolitano y de los municipios, quienes podrían recibir un salvavidas de plomo si las platas no quedan previstas en el presupuesto del próximo año. Además, debe precisarse la modalidad para hacer efectivas las exigencias de mitigación a los urbanizadores, a fin de asegurar que las vialidades o los equipamientos se materialicen en tiempo y forma.
Inclusive, resolviendo estos temas, el PRMS seguirá despertando pasiones. Para algunos, ampliar el radio urbano implicará un detrimento automático de la calidad de vida y la pérdida de suelos que podrían destinarse al cultivo de apios o betarragas. Para otros, las mitigaciones serán insuficientes para compensar la plusvalía y el PRMS dará pie a nuevas teorías conspirativas sobre la coalición de intereses entre autoridades y propietarios.
En mi opinión, este PRMS remozado es un avance, pero al mismo tiempo debiera marcar el fin de una era. No debemos olvidar que los planes reguladores fueron creados hace casi 100 años para resolver los conflictos derivados de la industrialización de las ciudades y la llegada de miles de inmigrantes que se desplazaban en trenes a vapor. Esta de más decir que los problemas urbanos contemporáneos son otros y los instrumentos que necesitamos para abordarlos también. Es hora de reemplazar el PRMS por un plan director que integre regulación, con transporte y vivienda social. Un plan que pueda definir las líneas de Metro en compatibilidad con las zonas de equipamiento o las autopistas y corredores de transporte público en concordancia con las zonas de expansión o densificación residencial. Todas las capitales de países desarrollados tienen instrumentos de este tipo y Santiago no puede ser la excepción.Como indicamos en una columna anterior, esta aprobación no significará un colapso ambiental. El crecimiento poblacional será el mismo, sólo que con el PRMS se redistribuirá en comunas más próximas al centro metropolitano, evitando la migración forzada hacia territorios lejanos que hoy concentran las reservas de suelo, como Buin o Melipilla. Además, las exigencias de mitigación compensarán las externalidades que generarán los proyectos inmobiliarios y reducirán la plusvalía que otorgan los planes reguladores al cambiar el uso de suelo de rural a urbano.
Lo más positivo es el anuncio de mantener a costo fiscal las 2.583 hectáreas de áreas verdes, lo que implicará un desembolso anual de US$ 70 millones. Este asunto nunca quedó zanjado en la propuesta original, lo que generó aprensiones de grupos ciudadanos y entidades del propio Estado.
Hecho el compromiso, el gobierno debe precisar cómo y cuándo asignará estos recursos y qué institución estará a cargo de administrarlos. Lo único claro es que esta tarea sobrepasa las capacidades del Parque Metropolitano y de los municipios, quienes podrían recibir un salvavidas de plomo si las platas no quedan previstas en el presupuesto del próximo año. Además, debe precisarse la modalidad para hacer efectivas las exigencias de mitigación a los urbanizadores, a fin de asegurar que las vialidades o los equipamientos se materialicen en tiempo y forma.
Inclusive, resolviendo estos temas, el PRMS seguirá despertando pasiones. Para algunos, ampliar el radio urbano implicará un detrimento automático de la calidad de vida y la pérdida de suelos que podrían destinarse al cultivo de apios o betarragas. Para otros, las mitigaciones serán insuficientes para compensar la plusvalía y el PRMS dará pie a nuevas teorías conspirativas sobre la coalición de intereses entre autoridades y propietarios.
En mi opinión, este PRMS remozado es un avance, pero al mismo tiempo debiera marcar el fin de una era. No debemos olvidar que los planes reguladores fueron creados hace casi 100 años para resolver los conflictos derivados de la industrialización de las ciudades y la llegada de miles de inmigrantes que se desplazaban en trenes a vapor. Esta de más decir que los problemas urbanos contemporáneos son otros y los instrumentos que necesitamos para abordarlos también. Es hora de reemplazar el PRMS por un plan director que integre regulación, con transporte y vivienda social. Un plan que pueda definir las líneas de Metro en compatibilidad con las zonas de equipamiento o las autopistas y corredores de transporte público en concordancia con las zonas de expansión o densificación residencial. Todas las capitales de países desarrollados tienen instrumentos de este tipo y Santiago no puede ser la excepción.