Estudio (Atisba) abarcó las principales características de 34 asentamientos distribuidos entre Arica y Santiago:

Personas que viven en las tomas del norte y centro del país superan la población de las regiones de Aysén o Magallanes

Una de las categorías consideradas en el análisis fue el nivel de violencia. En el rango crítico destacaron las de Atacama y la Metropolitana. La comuna con más usurpaciones es San Antonio.

Aunque la ministra vocera Camila Vallejos (PC) aludiera al carácter “totalmente excepcional” de la megatoma de San Antonio, que está en el centro de la polémica por su proceso de expropiación, esa no es la más grande del país. Ese récord está unos 685 kilómetros más al norte, en la comuna de Vallenar, Región de Atacama.

Ahí se levanta Paloma-Paloma Sur, una verdadera ciudad ilegal que ocupa 926 hectáreas, las que equivalen a 14,4 veces la superficie del Parque Deportivo Estadio Nacional. Le siguen, en tamaño, Alto Molle, con 129 hectáreas y La Mula, con 85 hectáreas. Ambas ubicadas en la comuna de Alto Hospicio, Tarapacá.

Esos son algunos de los datos que arrojó un estudio sobre ocupaciones ilegales en el país realizado por la oficina de urbanismo Atisba, y que comprendió 34 tomas distribuidas en las zonas norte y centro, entre Arica y la Región Metropolitana.

En los asentamientos comprendidos en el análisis viven 203.247 personas. La cifra, según registros del Censo 2024, casi duplica a la cantidad de habitantes que hay en la Región de Aysén (100 mil) y supera largamente a la de Magallanes (más de 166 mil).

“Se dieron en el contexto de la crisis sanitaria, migratoria y de seguridad”

Caroline Iribarne, directora ejecutiva de Atisba, señala que “hay distintas realidades, pero la frontera norte capta todo lo que es la migración. Y en las grandes urbes, como el Área Metropolitana, Santiago, Valparaíso, la demanda es mixta, interna de las ciudades y además, de viviendas de primera necesidad y de segunda vivienda como vimos cerca de San Antonio, en Cartagena, eso básicamente son tomas de segunda vivienda. Y en Viña también hay algunos sectores”.

“Si bien hay consolidadas y que han tenido un crecimiento lento, como por ejemplo, Manuel Bustos y Felipe Camiroaga (ambas en Viña del Mar), hay otras que se dieron de manera muy rápida en el contexto de la crisis sanitaria, migratoria y de seguridad”, añade.

El análisis, además, revela que las regiones con más tomas son Valparaíso y Metropolitana, ambas con 11, además de Antofagasta con cuatro.

Por comunas, lideran San Antonio (seis), Viña del Mar (cinco) y Lampa (cuatro). Por nacionalidad, en 14 sólo son predominantemente los extranjeros. Es el caso de todos los asentamientos de ese tipo en Cerrillos y Copiapó.

Mientras que sólo viven chilenos en 10. Eso es lo que ocurre, según el estudio, en las cuatro usurpaciones que registra Viña del Mar. Y también hay mixtas (diez), habitadas por nacionales y extranjeros. Ejemplos de lo anterior son Puente Alto y Vallenar.

“Existe presencia acreditada de crimen organizado operando”

Una de las categorías consideradas fue el nivel de violencia: Crítico, Alto, Medio y Bajo. En la primera de ellas priman dos regiones: Metropolitana, con tres tomas en esa condición, y Atacama, con dos.

“Clasificamos nivel Crítico, porque existe presencia acreditada de crimen organizado operando. No es una sospecha, hay casos documentados de organizaciones criminales que controlan esos territorios. Por ejemplo, Los Trinitarios de la Nuevo Amanecer, de Cerrillos; Los Gallegos en Cerro Chuño, en Arica, que se reportó que era un brazo operativo del Tren de Aragua”, indica Iribarne.

“El Tren de Aragua en La Mula también, en Alto Hospicio, donde se ha consolidado en

un enclave criminal de secuestro, tráfico de personas que al cruzar la frontera les arriendan casas, etc. Hay otros casos donde se han detectado homicidios en Nuevo Amanecer, en Cerrillos, en Puente Alto”, dice.

 Sobre el nivel Alto de violencia, la directora ejecutiva de Atisba precisa que “corresponde a tomas donde se ha acreditado la presencia de crimen organizado, pero principalmente asociado a actividades ilegales, no necesariamente de crimen organizado internacional. Me refiero a venta y arriendo de lotes, negocio de venta de agua y control de comercio interno”.

Con riesgo Medio, en tanto, alude a los asentamientos “donde hay antecedentes de delitos, pero no hay una estructura criminal organizada. Principalmente denuncias de narcotráfico, microtráfico y control territorial. Esto se puede dar en las tomas de Viña, en las antiguas, como Manuel Bustos y Felipe Camiroaga, donde también hay manifestación de control territorial a través de fuegos artificiales. Ese tipo de señales”.

En el nivel Bajo, son tomas donde no tenemos registrados delitos, ni presencia de crimen organizado. Tampoco control territorial” , añade.

Los contrastes entre Alto Hospicio y Viña del Mar

Entre las tomas con más viviendas predomina Alto Hospicio: Alto Molle registra 4.686 y El Boro, 3.458. Le sigue Paloma-Paloma Sur, con 3.225.

Mientras que las que tienen mayor población también están en el norte. Ahí también lidera Alto Molle, con 19.681 habitantes y que equivalen a casi la mitad comunas como Parral o La Unión, y supera a ciudades como Caldera.

Más atrás se ubican El Boro (Alto Hospicio), con 14.247 personas, y Alto Andacollo (Copiapó), con 13.506. En cambio, Mirador Los Pinos (Viña del Mar) tiene menos habitantes registrados (1.827) y la menor cantidad de viviendas (415).

Ya hubo un fallo de la Corte Suprema: Gobierno inicia un catastro de familias afectadas por el desalojo en Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá

El 9 de agosto pasado, un fallo de la Corte Suprema dictaminó el desalojo de alrededor de 600 familias que viven en el lote Z-2 de la toma Alto Molle, en Alto Hospicio, Región de Tarapacá, en un plazo máximo de seis meses.

La Delegación Presidencial encabezó el viernes una reunión con las secretarías regionales de Vivienda, Desarrollo Social y Bienes Nacionales, tras el inicio de un catastro que definirá cuántas personas deberán salir del espacio de 18 hectáreas del sitio perteneciente a Sociedad Educacional Inmobiliaria Comercial e Inversiones Belén Limitada.

Como en San Antonio, el fallo contempla que el desalojo debe ser ejecutado en condiciones que garanticen “el uso razonable y proporcional de la fuerza pública, en caso de ser necesario, y el respeto irrestricto de la dignidad e integridad de las personas”.

El catastro, que finalizará el próximo miércoles, es levantado con la Unidad de Campamentos del Serviu mediante un instrumento digital que entregará información actualizada del número de personas, menores de edad, adultos, adultos mayores, migrantes y situación social.

El delegado presidencial, Pedro Medalla (PS), dijo que se buscan datos precisos para definir soluciones dignas y planificar el proceso de desalojo dentro de los plazos.