La arquitecta Caroline Iribarne, directora ejecutiva de Atisba, que analizó el asentamiento irregular de San Antonio

Megatoma; “Acá hubo una planificación, coordinación y logística muy parecida a un proyecto formal inmobiliario”

Según un estudio de Black and White, 78% de los consultados tiene críticas a la solución habitacional de este problema urbano.

Un estudio cuantitativo sobre la megatoma de San Antonio, realizado por la consultora Black and White, determinó que el 90% de los encuestados está enterado del problema de usurpación de terrenos que existe en el cerro Centinela de la comuna porteña, donde 10.251 personas que conforman 4.136 hogares, habitan en sitios tomados que le pertenecen a una inmobiliaria.

El mismo estudio, que consultó la opinión de 2.321 personas entre el 10 y el 11 de diciembre pasados, asegura que el 87% está a favor del desalojo ordenado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, mientras que el 78% dice compartir las críticas al plan habitacional impulsado por el gobierno, por considerar que incumple con el desalojo ordenado por la justicia y que con esa solución se está “premiando” a quienes se toman terrenos de forma irregular.

Historia del desalojo

El 4 de noviembre pasado la Corte de Apelaciones de Valparaíso emitió un fallo en el que ordenó -en un plazo máximo de 30 días corridos- el desalojo de las 4.136 familias que residen en las 215 hectáreas tomadas del cerro Centinela, terrenos que le pertenecen a la Constructora e Inmobiliaria San Antonio. Como son 10.251 personas las que quedarían -se supone- en la calle, el gobierno decidió impulsar un proyecto habitacional financiado con fondos públicos.

La inmobiliaria pedía 0,44 UF por metro cuadrado; pero como no hubo acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el gobierno anunció la expropiación de terrenos mediante un decreto supremo de expropiación parcial, por lo que finalmente pagará, según el ministro de vivienda Carlos Montes, cerca de $11.000 millones por 100 de las 215 hectáreas ubicadas en el cerro Centinela, que corresponden a 1,23 UF por metro cuadrado. El proyecto habitacional del Minvu beneficiará a 3.700 familias que se agrupan en 40 cooperativas.

Opinión país

“Algo bien interesante es que el 91% considera que no es aceptable la toma irregular de terrenos por parte de quienes no tienen vivienda, independiente de si es la toma de San Antonio u otra. Esto nos habla de que las personas no quieren que otros se salten la ley ni que cometan irregularidades o que sean beneficiados excesivamente por el Estado, o que tengan privilegios”, explica la economista Paola Assael, socia de la consultora Black and White.

¿Qué más piensa la gente sobre las tomas?

“Cada uno se ve como necesitado, de algún modo. Entonces, ese argumento de no tener vivienda, en un porcentaje menor, sí resuena. Pero la gran mayoría dice, pucha, yo también soy necesitado, yo también podría tener derecho de subsidio o privilegios del Estado. En general, a la gente le molesta la ilegalidad. Eso es muy importante y versátil porque es la opinión mayoritaria en todos los segmentos y edades”.

¿Opinan algo sobre la expropiación?

“El 78% comparte las críticas que se han hecho al plan habitacional porque en el fondo se incumplió con lo dictaminado por la Corte y se premia, de alguna manera, a quienes se toman los terrenos de forma irregular. Se va a expropiar, o sea, se les va a dar una solución. En cambio, la gente que ha hecho la fila regular se demora mucho más. A eso apuntan las críticas de los encuestados”.

Dudosa toma

El estudio “La megatoma inmobiliaria de San Antonio”, publicado por la oficina de urbanismos Atisba, concluyó que el asentamiento irregular responde al modelo de Toma Organizada con Logística y Recursos (TORL), que significa -en palabras simples- que la ocupación del suelo no se produjo de forma espontánea como ocurría en los clásicos campamentos de décadas pasadas.

“Tras el análisis de fotointerpretación aérea que realizamos, vimos que acá hubo una planificación, coordinación y logística muy parecida aun proyecto formal inmobiliario”, describe la arquitecta Caroline Iribarne, directora ejecutiva de Atisba.

¿Qué indicadores dan cuenta de la planificación de la toma?

“Identificamos que hay un trazado súper preciso, geométrico, con calles, predios y apoyo topográfico para haber hecho eso, uso de maquinaria para abrir calles y despejar, y luego la ocupación. Los sitios quedaban delimitados, pero vacíos, y fueron ocupados a través del tiempo, con una gradualidad, que también lo hace diferente a un campamento orgánico. Esto nos permitió concluir que ésta y otras tomas corresponden a un fenómeno distinto que tiene que ver con una lógica de usurpación de suelo para venta o arriendo”.

¿Cómo es el diseño?

“Trazado estandarizado con geometría regular, identificamos un diseño sistemático de manzanas y predios basados en módulos de 40 metros, donde los lotes se dividen en terrenos de 10×20 metros, 10 de frente y 20 de fondo, lo que da terrenos de 200 metros cuadrados, con calles ortogonales, alineadas. Eso es un patrón estándar de un modelo básico de planificación de las ciudades, histórico en Chile, y no de un crecimiento espontáneo. Otro indicador es la habilitación de infraestructura básica previa a la ocupación habitacional. Vimos que se abrieron calles, se limitaron los predios, se usaron varias soluciones técnicas para adaptarse a las pendientes antes de la existencia de viviendas y se mantuvieron sitios vacíos en el tiempo, lo que es inconsistente con una toma de primera necesidad, sino más bien es una toma con un  porcentaje de segunda vivienda, con una lógica inmobiliaria de desarrollo por etapas”.