Política de desarrollo urbano fija criterios para futuras intervenciones en ciudades

Propone una serie de cambios en la gestión de las metrópolis que derivarán en proyectos de ley, algunos de los cuales podrían enviarse durante este año.  

A 14 meses de que La Moneda convocara a 29 expertos para formular una nueva política nacional de desarrollo urbano, el grupo finalizó la redacción del documento de 46 páginas que hoy será entregado al Presidente Sebastián Piñera.

El escrito -que ve la luz después de 56 reuniones, 17 discusiones plenarias y 16 asambleas en regiones- fija guías para las intervenciones que se hagan en las ciudades, con el fin de evitar «atentados» urbanos o la generación de guetos de pobreza.A la vez, establece como objetivo la integración social y fija ideales hacia los cuales debe avanzar la ciudad, como el desarrollo social y económico, el equilibrio ambiental, y la identidad y patrimonio.

Asimismo, sostiene la necesidad de concretar reformas institucionales que busquen unificar la acción del Estado en el territorio. Así, de las 20 leyes vinculadas a 11 ministerios que hoy actúan sobre la ciudad se busca concentrar las acciones en un solo Ministerio de Ciudad, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Según la presidenta de la comisión, Antonia Lehman, «la política será exitosa en tanto los ciudadanos la hagan suya. Así, si un grupo de ciudadanos se opone a un proyecto, podrán acudir a ella y señalar, si corresponde, que alguno de sus principios no se está respetando».

El urbanista Iván Poduje, integrante de la comisión, opina que «para que la política sea realmente una realidad, debe traducir sus ideas en reformas legales, institucionales y una mayor inversión pública en ciudades. Esto es urgente».

En ese sentido, Lehman dice que ya se comenzó a analizar cinco proyectos de ley para que sean presentados al Congreso este año. Además, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez, señala que el trabajo legislativo ya se inició, con iniciativas como la Ley de Aportes (que obligará a los proyectos a compensar su impacto en el entorno) o la que reforma el Artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que deja sin efecto la caducidad de terrenos reservados para futuras vialidades y parques.

«También estamos trabajando en la fusión de los ministerios de Vivienda y Bienes Nacionales, que apunta a una reforma institucional que se traduzca en mejor planificación urbana. Esto también se expresa en los cambios que estamos introduciendo a la política habitacional, con elementos de integración social», afirma.

Uno de los aspectos que generaron divergencias en la comisión fue el que tenía relación con si correspondía incluir la necesidad de crear una política de suelos que permita que el Estado resguarde terrenos bien localizados para viviendas sociales al interior de la ciudad (y no en su periferia).

El decano de Arquitectura, Arte y Diseño de la UDP e integrante de la instancia, Mathias Klotz, dice que el texto incluye la idea y la necesidad de aprovechar las plusvalías que generan infraestructuras públicas como el Metro. «La Cámara de la Construcción dejó una nota final en que señala cuáles son sus discrepancias, pero es bueno que eso quede expresado», asevera.