Tierras indígenas: El 35% de los habitantes de La Araucanía vive en zonas que están dentro de un título de merced.

Era un momento histórico, y así lo entendieron los convencionales que representan a los pueblos indígenas, que incluso antes de que se terminara la votación habían comenzado a aplaudir en expectación.

A las 19:29 horas del miércoles 4 de mayo, y por 106 votos a favor -tres más del mínimo necesario para los dos tercios establecidos por el reglamento-, el pleno de la Convención Constitucional aprobaba la propuesta de artículo 21 de la comisión de Derechos Fundamentales, enfocada en uno de los temas más sensibles: el “derecho a las tierras, territorios y recursos”.

En cuatro párrafos, se establecía una secuencia relevante. Primero, que “el Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos”. Luego, que “la propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección”, y que “el Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución”. El tercer párrafo, quizás el más sensible, puntualizaba que “la restitución constituye un mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública e interés general”. Y el artículo cerraba indicando que “conforme a la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva”.

Una vez que el secretario de la Convención, John Smok, dio lectura al resultado de la votación, se desataron abrazos y celebraciones, en especial entre los convencionales indígenas, que ocupaban los escaños frente a la testera del salón principal. Los festejos fueron tales que apenas un par de minutos después, la presidenta de la instancia, María Elisa Quinteros, suspendió el pleno por media hora ante el desorden que había en la sala.

Pero la algarabía no era para menos. En el artículo recién aprobado se establecía una hoja de ruta que, potencialmente, abre el camino para que los pueblos indígenas hagan reclamaciones al Estado por territorios cuya magnitud e impacto aún no se puede calcular. Además, el énfasis en la restitución como “mecanismo preferente” genera un principio que puede favorecer a las comunidades involucradas, pero que también puede tener un impacto en los actuales habitantes de las zonas.

La Unidad de Investigación y Datos de La Tercera intentó hacer en un trabajo conjunto con Atisba Monitor una primera aproximación con uno de los pocos instrumentos legales que están sistematizados: los denominados Títulos de Merced, entregados entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX por el Estado a las comunidades mapuche de las zonas entre Biobío y Los Lagos, y cuyo catastro está en manos de la Conadi. El resultado: un cuarto de los habitantes de las 51 comunas en que existe registro de dichos instrumentos viviría hoy en un territorio que está bajo un título de dominio, cifra que sube al 35% en la región de La Araucanía. En total, más de 420 mil personas, algunas de ellas vecinos de zonas urbanas actuales de los municipios o incluso beneficiarios de viviendas sociales. Algo que permite colocar una cifra inicial tentativa para un debate que puede expandirse mucho más allá de dichas zonas.

“La legislación actual dice cuáles son las comunidades que tienen una demanda de tierra o que tuvieron una usurpación. El título de merced lo dice y, en este caso, algunas son de las forestales y otras de predios agrícolas, incluso, hay otro grupo de comunidades que perdió tierra producto del crecimiento urbano de las ciudades”.

Era una de sus primeras entrevistas tras asumir apenas 48 horas antes como director de la Conadi, y en ella Luis Penchuleo abordaba en conversación con El Austral de Temuco el tema de las tierras indígenas, en particular en la zona mapuche. En el diálogo, hacía presente la relevancia de los títulos de merced, uno de los pocos instrumentos legales donde existen constancia de un reconocimiento del Estado chileno de territorios que antes le pertenecían a alguno de los pueblos que componen el país.

Los documentos fueron entregados entre 1884 y 1929 a las comunidades que iban siendo reubicadas, en un proceso dirigido por la denominada Comisión Radicadora de Indígenas y que entregó finalmente casi tres mil títulos en las zonas de las provincias del Biobío, Arauco, Malleco, Cautín, Valdivia y Osorno.

Acá es importante entender un punto: los dirigentes del pueblo mapuche cuestionan dichos títulos porque consideran que fueron víctimas de reducciones de los terrenos que les correspondían, y que sus territorios ancestrales abarcan mucho más que lo que quedó reconocido por los documentos. De hecho, según el cálculo de Atisba Monitor, los datos entregados por la Conadi apuntan a que los títulos de merced abarcarían 528.902 hectáreas en la zona, de un total de 5.157.612; es decir, cerca del 10%.

Sin embargo, sí hay un punto de consenso general de que los títulos de merced serían un punto de partida casi obligatorio a considerar en cualquier proceso de restitución de tierra. Es decir, sería el “desde” a partir del cual aplicar las directrices que sostenga la nueva Constitución en caso de que ésta se apruebe en el plebiscito de salida.

Y es acá donde empiezan las complejidades.

A partir de las expansiones de las ciudades, las construcciones y el proceso de poblamiento que ha ocurrido en los últimos 140 años en la zona, hoy una parte relevante de los habitantes tienen su residencia al interior de un territorio que integra un título de merced. Atisba Monitor hizo el cálculo aplicando una superposición entre los mapas de los títulos, disponibles en un sitio web especial que la Conadi tiene para estos efectos, más la información del censo poblacional de 2017 y los planos censales del INE, para luego analizar dicha información usando Google Earth. Así, llegaron a la estimación de que 424.791 personas -el 24,92% de todos los habitantes de la zona en estudio- están en esta categoría, extrapolando los habitantes a la proyección poblacional para 2022.

La mayor parte de esos habitantes están en La Araucanía. De hecho, 361.224 de los 1.024.029 personas que viven en esa región estarían bajo ese escenario, el 35,28%, destacando en particular el escenario del principal eje de población de la zona: las comunas de Temuco y Padre Las Casas.

En el primer caso, el 29% de sus habitantes estarían en zonas que corresponden a títulos de merced, en especial en las expansiones hacia el norte de la ciudad y el sector de Labranza, totalizando 88.049 habitantes. Pero en la segunda comuna la situación es todavía más intensa: el 74% de todos sus vecinos, 61.763 personas, caen bajo esa circunstancia, entre ellas buena parte de las viviendas sociales construidas con patrocinio del propio Estado en las últimas décadas. Entre ambas localidades, casi 150 mil personas estarían viviendo al interior de un título de merced.

“Hay barrios completos, construidos con casas. Hay sectores urbanos importantes de las ciudades, con viviendas sociales, de clase media o muy caras, hay de todo. Lo que tenemos acá en las comunas donde hay mayor superposición son títulos de merced que están sobre barrios consolidados, antiguos o relevantes de las ciudades”, apunta el arquitecto Iván Poduje, socio fundador de Atisba.

Si se miran sólo los porcentajes, las comunas con mayor proporción de habitantes viviendo en territorios que tienen vinculado un título de merced son Alto Biobío (94%), Melipeuco (87%), Saavedra (79%), Freire y Curarrehue (ambos con 74%). Pero un elemento de interés es que no solamente comunas que estén en la denominada “zona roja” del conflicto o que tengan alta población indígena están dentro de las con escenarios más complejos.

Por ejemplo, tanto Pucón como Panguipulli tendrían al 56% de sus residentes viviendo en zonas donde hay un título de merced. Además, según el análisis de Atisba Monitor, entrarían en este espectro proyectos inmobiliarios y propiedades de alto patrimonio en el entorno lacustre de ambas localidades. Algo similar ocurre con Villarrica: si bien la comuna en sí no tiene un porcentaje tan elevado de habitantes en este estado (31%), sí caería todo el sector de Licanray.

Además de eso, siempre según el análisis de Atisba Monitor, habría una parte importante de infraestructura pública y de servicios que estaría en territorios bajo títulos de merced. Entre ellos, habría 436 colegios y liceos y 146 jardines infantiles en los 51 municipios analizados, junto con amplias zonas de almacenes, comercios e industrias.

“Hay ciudades o zonas como Licanray que están totalmente cubiertas. Entonces, claramente ahí tenemos un tema. Es inviable pedir restitución de tierras en zonas donde existe una ciudad completa. En Padre Las Casas y varios sectores de Temuco pasa algo parecido. Es decir, si se pidiera la restitución completa, no estamos hablando solamente de 500 mil hectáreas: estamos hablando de barrios enteros, en ciudades consolidadas, con casas que en algunas de ellas fueron incluso entregadas por el Estado”, apunta Poduje.

En el análisis vale la pena recordar un elemento. Los títulos de merced sirven como punto de inicio al ser instrumentos suscritos por el Estado con comunidades mapuche y que además se conservan. Sin embargo, la situación con los restantes pueblos indígenas reconocidos puede ser potencialmente más complicada al no existir este tipo de documentación detallada, y la nueva Carta Magna entregaría al propio Estado la responsabilidad de hacer ese catastro.