Tomas costeras se triplican en cuatro años en la Región de Atacama y casas superan las 7.000

 

 

Bienes Nacionales realizó por primera vez un catastro en terreno utilizando un dron:
La consultora Atisba también hizo un estudio, que sumó a la Región de Antofagasta, cuyo resultado cifró en 8.884 este tipo de construcciones entre ambas.

Las tomas costeras en terrenos fiscales de la Región de Atacama han tenido un aumento exponencial, y ha sido un problema que ha caracterizado a la zona en los últimos años. El último catastro hecho por el Ministerio de Bienes Nacionales, finalizado hace pocos días, arroja que en cuatro años pasaron de 2.600 a más de 7.000 ocupaciones ilegales en la región.

El ministro de la cartera, Felipe Ward, explica que a través de la generación de fotografías, videos y planos se ha constatado la existencia de 20 localidades con asentamientos en 498 hectáreas de terreno fiscal. La cartera realiza el análisis técnico de la información para determinar la cantidad de gente que los ocupa.

Extensión
Las tomas equivalen a las playas entre Viña del Mar y Concón, incluyendo el centro y plan de Viña y todo el Reñaca turístico.

»No solo nos preocupan las ocupaciones ilegales, sino que también debemos comenzar a planificar territorialmente nuestro borde costero». KARLA GUAITA SEREMI DE BIENES NACIONALES DE ATACAMA

»Se trata de excelentes playas, en áreas poco habitadas y, por lo tanto, muy fácil de tomárselas». IVÁN PODUJE SOCIO DE LA CONSULTORA ATISBA

Ward puntualiza que mayoritariamente se relacionan a segundas viviendas -lugares de vacaciones o recreación- y un muy bajo número se trata de viviendas permanentes. Gran parte de las construcciones son de material ligero, de baja calidad, y la gran mayoría de estos lugares carece de servicios sanitarios básicos. También se verificaron al menos 700 ocupaciones vinculadas a simples demarcaciones o cierres perimetrales.

Se espera que el informe final esté terminado en diciembre. Una vez con los resultados, se dará paso al plan de gestión en cada área abordada por el estudio. La seremi de Bienes Nacionales, Karla Guaita, subraya que «no solamente tenemos la preocupación de las ocupaciones ilegales, sino que tenemos que comenzar a planificar territorialmente nuestro borde costero».

La situación ha generado críticas por la laxitud que han tenido las autoridades durante años frente al tema. Para el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Copiapó, Carlos Aguirre, es «un tremendo problema que el Estado no ha podido solucionar».

Detalla que estos asentamientos generan problemas medioambientales, pues no tienen urbanizaciones; afectan el turismo, por el desorden que generan; impactan sobre los presupuestos comunales, y al mismo tiempo «responden a una falta de planificación urbana».

El presidente de la Asociación Regional de Municipios de Atacama y alcalde de Chañaral, Raúl Salas, señala que es preocupante la masificación de estas viviendas y el desorden de los planes urbanos a nivel regional.

Puntualiza que las tomas no pagan ningún tipo de contribución y solo generan importantes gastos para los municipios por la distribución de agua que deben hacer con camiones aljibe y el retiro de cientos de toneladas de basura, principalmente en los meses de verano.

De hecho, en la última temporada estival, Caldera gastó más de $300 millones solamente para limpiar las playas y retirar la basura que dejan los «veraneantes», lo que se lleva un cuarto del presupuesto anual de limpieza de la comuna.